Abogados de militares tunden a Encinas por “manipular” informe de caso Ayotzinapa.
La defensa de los cuatro militares, contra quienes se dictó auto de formal prisión por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, acusó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de “manipular” y “politizar” el informe de la Comisión de la Verdad, por lo que analizan actuar penalmente contra el funcionario.
En conferencia afuera del Campo Militar Número 1, Alejandro Robledo y César Omar González, representantes del general José Rodríguez y del capitán José Martínez, así como del subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota, señalaron también que el informe “está plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones”.
Los abogados dejaron claro que sus defendidos no están sujetos a proceso por imputaciones que se les hacen en el informe del subsecretario, “como maliciosamente” se ha hecho creer a los familiares, por lo que es necesario tener acceso a la justicia, pero “sin sesgos ni manipulaciones”.
Advirtieron que es injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, motivo por el cual emprenderán acciones legales y se analiza actuar penalmente contra Encinas.
Enfatizaron que hasta antes de la difusión del informe no se contaba con indicio alguno de que existieran capturas de pantalla con las supuestas conversaciones entre narcos y uniformados, por lo que no se sabe cómo, dónde, cuándo ni de quién se obtuvieron, lo cual abre la posibilidad de que se estén “presentando por parte del subsecretario Encinas” conversaciones falsas.
Abundaron que el informe acusa injustificadamente al teniente Francisco Macías de ser el inmediato superior del soldado Julio César López (uno de los estudiantes desaparecidos) y no adoptar medidas para buscarlo y protegerlo, lo cual, mencionaron, es falso, ya que el primero pertenecía al 50 Batallón de Infantería y el segundo al 27 Batallón, por lo que no tenían relación. Además, el teniente Macías en esas fechas se encontraba comisionado en un centro de adiestramiento en Petatlán, Guerrero.
Asimismo, en el informe se establecen supuestas redes de vínculos telefónicos, en los que se atribuyen determinados números a los entonces coronel Rodríguez, al capitán Martínez y al soldado Mota, todo ello sin haberlo corroborado, a pesar de haber declarado en múltiples ocasiones ante el Ministerio Público.
Los litigantes aseguraron que el informe presentado por Encinas no fue elaborado por la comisión, sino solo por el subsecretario, tal y como lo aclaró también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Centro Pro y los representantes de los padres.
“Ayotzinapa nos duele a todos, pero suturar esa herida no implica fabricar culpables en el Ejército”.
Detallaron que el proceso contra los militares se sustenta en las declaraciones del testigo protegido “Juan”, que es Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien refirió que los soldados colaboraban con el grupo criminal.
Además, se basa en la presencia de militares del Batallón 27, el 26 de septiembre de 2014, en la clínica Cristina, en Iguala, donde se refugiaron algunos estudiantes que no forman parte de los 43 desaparecidos.
Puntualizaron que salvo los dichos del testigo protegido, “no existen evidencias” de que los militares tuvieran relación con algún grupo criminal ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos.
“Las imputaciones del testigo protegido ‘Juan’ contienen datos falsos, como la referencia de que cuando se detuvo a Reynaldo Benítez, El Huaraches, estaba también el narcotraficante Mario Casarrubias, al cual se dejó escapar, siendo que tenía más de un año preso en un Cefereso, cuando se detuvo al primero en 2015”.
