Cámara de Diputados Aprueba Reforma al Poder Judicial: Nuevos Cambios en la Elección y Administración
En una sesión celebrada en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al Poder Judicial en lo general con 359 votos a favor, respaldados por Morena, PT y PVEM, y 135 votos en contra. La votación en lo particular también fue aprobada, sin abstenciones.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), presidente de la Mesa Directiva, presentó el dictamen que detalla cambios significativos en el sistema judicial. Entre las modificaciones propuestas se incluye un proceso de elección por voto popular para cargos clave del Poder Judicial, como magistrados de Circuito, jueces de Distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta elección se llevará a cabo con la participación del Instituto Nacional Electoral.
La reforma también plantea una reducción en el número de ministros de la SCJN, estableciendo un total de nueve con una duración en el cargo de 12 años. Además, se fija un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes emitan sentencias, con la obligación de justificar cualquier retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano Interno de Control en casos de tribunales administrativos.
El nuevo proyecto detalla el procedimiento para la elección de los ministros de la SCJN, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los mecanismos para su designación en casos de defunción, renuncia o ausencia definitiva.
El dictamen también estipula que la administración y control interno en el Tribunal Electoral será responsabilidad del Órgano de Administración Judicial. Este órgano será el encargado de la administración del Poder Judicial, la carrera judicial, y el control interno. Además, se define su responsabilidad en la determinación del número y competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito.
Por último, la reforma faculta al Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarios a la ley o al interés público, asegurando una mayor supervisión y rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
