PUEBLA, Pue.– La comunidad académica de la Universidad Iberoamericana Puebla hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia de Nadia Guadalupe Morales Rosales, joven desaparecida en octubre de 2017 cuando tenía 17 años, tras abordar transporte público para dirigirse a su escuela.
Lo anterior ocurre ante la próxima resolución del amparo directo 142/2025, que será analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Puebla. Académicos de la institución señalaron que esta decisión representa un momento clave dentro del proceso judicial que la familia ha sostenido durante años para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
En 2025, tras un prolongado proceso judicial, un tribunal de apelación estableció la responsabilidad penal por el delito de desaparición cometida por particulares, revirtiendo una resolución de primera instancia que había absuelto al acusado.
La familia de Nadia Guadalupe ha denunciado reiteradamente irregularidades y omisiones durante las investigaciones iniciales, por lo que ha solicitado que las autoridades judiciales analicen el caso con un enfoque de derechos humanos.
Además, el caso se encuentra vinculado con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo que, de acuerdo con especialistas, requiere un análisis judicial especializado.
En su posicionamiento, la comunidad académica exhortó a las personas magistradas a considerar el contexto de las desapariciones en el país y la complejidad probatoria que caracteriza este tipo de delitos, especialmente cuando los presuntos responsables pertenecen al entorno cercano de las víctimas.
También recordaron que en resoluciones previas se tomaron en cuenta elementos como pruebas circunstanciales, peritajes en antropología social y psicosocial, así como análisis de contexto, herramientas fundamentales para reconstruir los hechos ante la ausencia de pruebas directas.
Finalmente, la comunidad de la Ibero Puebla enfatizó que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar y sancionar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar procesos judiciales con perspectiva de género e interseccionalidad.
Indicaron que la resolución del amparo directo 142/2025 debe priorizar el derecho de las víctimas indirectas a la reparación integral y al esclarecimiento de los hechos, ya que el caso de Nadia representa también un precedente en la lucha contra la impunidad en México.
