José Luis García Parra presentó una cronología de adjudicaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos y reiteró el respaldo del Gobierno de Puebla a las investigaciones impulsadas por Claudia Sheinbaum.
Una presunta red empresarial relacionada con la contratación de materiales y servicios electorales acumularía operaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, de acuerdo con información pública presentada por el coordinador general de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra.
En conferencia de prensa, el funcionario expuso una cronología de 27 años para explicar los antecedentes de las compañías señaladas por posibles irregularidades, entre ellas su presunta operación mediante empresas relacionadas, algunas identificadas como posibles fachadas y factureras.
Los antecedentes se remontan a 1999, con operaciones empresariales en el Estado de México. Posteriormente, en 2005, se registró un contrato por 63.7 millones de pesos que derivó en señalamientos y renuncias de consejeros. Durante los años siguientes también se habrían realizado adjudicaciones en diferentes entidades del país.
Según la revisión de información pública presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con esta red de contrataciones.
Durante su exposición, García Parra también abordó la trayectoria institucional de Guadalupe Taddei, quien fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova. En 2023 asumió la presidencia del organismo nacional mediante un procedimiento de insaculación contemplado en la legislación.
El funcionario señaló que estos antecedentes permiten contextualizar el origen de las estructuras empresariales investigadas y rechazó las versiones que vinculan su origen con la actual administración federal.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las indagatorias comenzaron a partir de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
Ante este escenario, el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, expresó su respaldo a la presidenta y manifestó que acompañará las investigaciones sin excepciones, además de respetar la autonomía de las autoridades electorales.
En el ámbito estatal, García Parra dio a conocer que se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, así como 129.7 millones durante 2024 y 2025. Estos montos serán objeto de revisión por las autoridades competentes.
Finalmente, el Gobierno de Puebla anunció que promoverá la publicación integral de los contratos del Instituto Electoral del Estado y reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Como parte de estas acciones, reportó la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas.
