Una familia de Huejotzingo denunció ante la Fiscalía un presunto perjuicio económico de 100 mil pesos, cantidad que habría entregado para gestionar las escrituras de una propiedad.
La denuncia señala a María del Rayo Rodríguez Lozano, quien presuntamente se habría presentado como abogada y habría asegurado tener relación con la Notaría Número 1 de Huejotzingo.
Sin embargo, de acuerdo con los afectados, el trámite no llegó a concretarse y las escrituras nunca fueron entregadas.
El pago se realizó en efectivo
Los denunciantes aseguran que el 25 de julio de 2025 entregaron 100 mil pesos en efectivo para que Rodríguez Lozano se encargara de realizar los trámites de escrituración de una casa-terreno.
El acuerdo habría sido realizado ante testigos y la mujer habría establecido un periodo de aproximadamente tres meses para entregar la documentación.
Al cumplirse el plazo, las escrituras no llegaron. Los afectados también aseguran que posteriormente intentaron localizar a la mujer en el sitio donde se habría realizado el acuerdo, pero encontraron las instalaciones cerradas.
Fiscalía abre carpeta de investigación
Los hechos fueron denunciados formalmente el 14 de mayo de 2026, dando origen a la carpeta PGEP/FIR/11-004346/2026.
Dentro de la investigación también se solicitó revisar si existió una posible usurpación de profesión, debido a que la mujer presuntamente se habría presentado como abogada.
Otro punto que deberá ser esclarecido es la supuesta relación que habría tenido con la Notaría Número 1 de Huejotzingo. Los denunciantes aseguran que posteriormente fueron informados de que no formaba parte del personal de la notaría, aunque presuntamente acudía para realizar trámites.
La notaría no ha emitido hasta el momento una postura pública sobre los señalamientos.
La responsabilidad deberá determinarla la autoridad
Los afectados también señalaron que Rodríguez Lozano habría afirmado tener influencias dentro de la Fiscalía estatal, aunque esta versión no ha sido acreditada públicamente.
Por ahora, María del Rayo Rodríguez Lozano no ha dado a conocer públicamente su versión de los hechos.
La Fiscalía deberá determinar si existió un delito y, en su caso, cuál sería la responsabilidad correspondiente. Mientras tanto, los denunciantes solicitan la devolución de los 100 mil pesos y la reparación del daño.
El caso permanece bajo investigación y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes.
