La iniciativa busca que quienes realicen detonaciones en espacios públicos puedan enfrentar cargos por tentativa de homicidio cuando exista riesgo para terceros.
En Puebla buscan elevar las consecuencias legales para quienes disparen armas de fuego de manera aleatoria en espacios públicos. El diputado local Mauricio Céspedes presentó una iniciativa que plantea considerar estas conductas como tentativa de homicidio, con penas que podrían llegar hasta los 26 años de prisión.
El legislador, integrante del Partido del Trabajo, señaló que la propuesta responde a la presencia de este tipo de hechos en distintos puntos de la entidad y mencionó que se tienen registrados alrededor de 20 casos.
Sin embargo, indicó que el número podría ser mayor, debido a que no todos los incidentes son denunciados.
El riesgo alcanza a personas ajenas
Uno de los principales argumentos de la iniciativa es que los disparos realizados sin un objetivo determinado pueden afectar a personas que simplemente se encuentran transitando por la zona.
Céspedes recordó el caso ocurrido en la Atlixcáyotl, donde una persona realizó detonaciones y provocó momentos de tensión entre ciudadanos.
Para el legislador, el análisis jurídico no debería centrarse únicamente en determinar si hubo una persona lesionada, sino también en el peligro generado por quien decidió accionar un arma en un espacio público.
Buscan consecuencias más severas
La propuesta plantea que, cuando existan elementos para acreditar que los disparos pusieron deliberadamente en riesgo la vida de terceros, la conducta pueda ser perseguida como tentativa de homicidio.
De aprobarse en los términos planteados, la sanción podría alcanzar 26 años de prisión.
El diputado sostuvo que el objetivo es evitar que los disparos al azar sean tratados como una conducta menor y generar un mecanismo legal que permita actuar con mayor severidad ante situaciones que puedan terminar en una tragedia.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La propuesta deberá ser revisada y discutida por el Congreso de Puebla antes de determinar si se aprueba. Por ello, los 26 años de prisión planteados todavía no constituyen una sanción vigente.
El proceso legislativo definirá si se modifica el marco jurídico y bajo qué circunstancias los disparos aleatorios podrían encuadrarse como tentativa de homicidio.
La discusión coloca nuevamente en el centro la necesidad de evitar que una detonación en la vía pública termine convirtiéndose en una tragedia para personas que no tienen ninguna relación con quien porta el arma.
